Competitividad en Perú: Índice Regional de Gestión Pública

El proceso de descentralización en el Perú, tiene el desafío de superar las limitadas capacidades de los gobiernos subnacionales, que hace que las brechas en los servicios públicos sean difíciles de cerrar y las brechas entre regiones sea elevada.

Monitorear los avances en la gestión pública a nivel descentralizado, mediante la construcción de indicadores que puedan ser evaluados en el tiempo es un avance.

El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP), propuesto por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) con el apoyo del Instituto Peruano de Economía (IPE), fue publicado en abril del 2019 y mide el desempeño (mejora, estancamiento o caída) de 17 indicadores agrupados en 4 pilares: conectividad, salud, educación e instituciones.

El análisis se realizó para 25 regiones del país, ya que Lima se dividió en (i) Lima Metropolitana y Callao, y (ii) Lima Provincias.

La construcción del índice requiere información en dos periodos del tiempo: el primero para la línea de base, y el segundo para evaluar los avances en los indicadores elegidos. Respecto a la formación de la línea de base, se realiza una normalización de los datos a través de una transformación máximo-mínimo, la cual mantiene el ordenamiento de las regiones y la distancia relativa entre ella. El puntaje resultante varía entre 0 y 1, donde 0 es el peor resultado y 1 es el mejor resultado. Cabe resaltar que un puntaje de 1, no significa necesariamente estar en el nivel óptimo, sino que el indicador es el mejor entre las regiones. Posteriormente, con la información del segundo periodo, se evalúa las variaciones en cada una de las variables utilizadas.

Para comparar las regiones según su nivel de avance, las mismas se dividieron en tres grupos, de acuerdo a las condiciones iniciales de cada región. Esta división es interesante porque, a diferencia de un ranking, en este índice se evalúan las variaciones, las cuales están afectadas por el valor inicial

Se observa que Ica, San Martín y Loreto lideran sus respectivos grupos. Un análisis más detallado de estas regiones permite reconocer buenas prácticas en la gestión, las cuales pueden ser replicadas en otros lugares.

ICA:  los buenos resultados son explicados principalmente por la mejora en indicadores de salud: mayor cobertura de vacunas y personal médico, así como reducción de anemia. Para obtener estos resultados, el liderazgo del Gobierno Regional fue importante.

SAN MARTIN presentó mejoras importantes en salud y conectividad. Se implementaron plantas portátiles de tratamiento de agua potable lo que conllevó a un aumento en la calidad bacteriológica del agua y por ende a la salud de sus habitantes. Además, se promovieron campañas de inmunización continuas como “Vacunación en las Américas” tras un gran trabajo de coordinación intersectorial. Se aplicaron vacunas como la BCG (rotavirus), PCV13 (neumococo), hepatitis B, entre otras, siendo esta una de las estrategias más importantes para prevenir las enfermedades infectocontagiosas que pueden ocasionar inclusive la muerte.

LORETO: la mejora se presentó principalmente en educación y conectividad: más locales educativos con acceso a internet y en buen estado, y mayor acceso a agua y desagüe. Reflejan una mejor articulación entre las políticas nacionales y los gobiernos subnacionales para la ejecución de obras públicas que beneficien a los ciudadanos.

PERU: APP-Asociaciones Público-Privadas para desarrollo de Infraestructuras Telecos

Para el 2015 y 2016 las proyecciones de crecimiento del PBI del Perú son alentadoras ( 4.8% y 6%), en buena parte gracias al inicio de la construcción de importantes obras de infraestructura que han sido promovidas a través del mecanismo de Asociación Público Privada (APP). Proyectos como:
Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US$ 5.900 millones)
El Gasoducto Sur Peruano (US$ 4.300 millones)
El Aeropuerto Internacional de Chinchero (US$ 634 millones)
La Línea de Transmisión Moyobamba – Iquitos (US$ 589 millones)
La Tercera Fase de Chavimochic (US$ 677 millones), entre otros grandes proyectos.

En este marco, para continuar en el esfuerzo de acortar la brecha en infraestructura y generar una importante oportunidad para el desarrollo de inversiones por parte de capitales nacionales y extranjeros, ProInversión tiene una cartera de proyectos Asociación Público Privada (APP) que contribuirán a mejorar la conectividad y competitividad del país, y, al mismo tiempo, empezar a atender las necesidades de infraestructura social, cuya cobertura de brecha fortalecerá aún más las bases para un crecimiento económico sostenido.

Entre los proyectos previstos a ser adjudicados en el periodo 2015 - 2016 podemos mencionar :
La implementación de redes regionales de transporte de fibra óptica de alta capacidad y red de acceso (microondas), concebidas para favorecer una más rápida transmisión de datos.
La Planta Térmica en Quillabamba de 200 MW (con gas)
El proyecto Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima
La Zona de Agregación Logística y Antepuerto del Callao, que reducirá los costos logísticos y solucionará la congestión de camiones en la zona aledaña al puerto
Los tramos 4 y 5 de la Carretera Longitudinal de la Sierra
La concesión (bata gris) de tres hospitales de alta complejidad de EsSalud (en Lima, Ancash y Piura)
La Línea 3 del Metro de Lima.

Así que el panorama para el desarrollo de proyectos APP es auspicioso. Además, para que los proyectos se ejecuten dentro de sus cronogramas, el gobierno está implementando medidas de facilitación de inversiones, entre las que se incluyen aquellas para la rápida emisión del CIRA y la reducción de procedimientos para la aprobación de EIA. Asimismo, el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del MEF viene acompañando a un importante grupo de proyectos con la finalidad de asegurar su ejecución conforme a los cronogramas establecidos.

El reto del desarrollo es grande, de ahí la importancia de los proyectos APP por su efecto dinamizador en la economía y como fuente de atracción de inversión en un Perú consciente no solo de sus desafíos, sino también de sus inmensas oportunidades de desarrollo.


ANTECEDENTES

Las Asociaciones Público Privadas (APPs) son una modalidad por la cual el sector privado colabora
con el sector público en la provisión de los servicios públicos. El término APP en su acepción más exacta, se restringe a aquellos casos en que elsector privado provee directamente un servicio público, pero que su intervención supone la participación financiera del Estado para hacer rentable el proyecto.

Los proyectos de APP son proyectos de largo plazo para la provisión de servicios públicos o de infraestructura pública con alta rentabilidad social y baja rentabilidad financiera, cuyo equilibrio financiero supone un co-financiamiento parcial o total del Estado, el mismo que se agrega, de existir ésta, a la tarifa o peaje pagada por el usuario directo del servicio.

La APP adopta la forma de una concesión (contrato) entre el Estado y una empresa (o consorcio) por el cual el Estado (gobierno nacional, regional, municipal) otorga la ejecución y explotación de determinadas obras
públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo determinado.

La Ley Marco de Asociaciones Público Privada fue aprobado por Decreto Legislativo 1012 ( mayo 2008) y reglamentada en Dic. 2008. Anteriormente con el Decreto Supremo N° 104-2007, se aprobó los lineamientos para la provisión de servicios públicos mediante proyectos de inversión que involucran concesiones cofinanciadas.

En Julio 2011, se modificó su reglamento para permitir la incorporación de proyectos cofinanciados a los supuestos pasibles de acogerse a la norma. La ley y su reglamento prohibían las iniciativas privadas que requiriesen que el Estado otorgara garantías financieras por encima del 5% del valor de la obra y garantías no financieras por encima de 10% de ese monto. Establecía que los proyectos clasificados como cofinanciados deban cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento y demás normas correspondientes. También  exigia  un comprador público-privado para las iniciativas APP.

AFÍN y Capeco, había  alegado que los proyectos autosostenibles de infraestructura ya se habían agotado y que el país requería el compromiso del Estado en el desarrollo de la infraestructura que presenta un déficit estimado en US$ 37.700 millones.

Gonzalo Prialé presidente de AFIN indicó que aún falta precisar los topes de cofinanciamiento y los sectores en los que se van a priorizar las inversiones. Dentro de los sectores a priorizar consideramos necesario incluir los proyectos de infraestructura de telecomunicaciones que permitirán acortar la brecha digital y mejorar la competitividad de importantes sectores de la población.